lunes, 5 de octubre de 2009

EL DESTINO DEL "SEGUNDO VUELO" SIGUE ENTERRADO EN IMPUNIDAD


A 33 AÑOS DEL "SEGUNDO VUELO" SIGUE LA INCÓGNITA
Roger Rodríguez (La República) artículo publicado por COMCOSUR

A 33 años del traslado, 7 de la denuncia de LA REPUBLICA y 4 de la confirmación de la Fuerza Aérea

El Ejército sigue sin reconocer qué ocurrió con 22 uruguayos secuestrados en Buenos Aires, torturados en Automotores Orletti, trasladados a Montevideo, presos en el "300 Carlos", ejecutados y enterrados en un cementerio clandestino. La ley de impunidad permitió condenar a los secuestradores, pero aún impide saber dónde están sus víctimas.

Treinta y tres años después de los hechos, a siete años de que el caso fuera denunciado por LA REPUBLICA y a cuatro años de que la Fuerza Aérea Uruguaya admitiera su existencia, el traslado ilegal de uruguayos secuestrados en Buenos Aires, conocido como el "segundo vuelo" de Orletti, sigue sin ser reconocido por el Ejército nacional.

El 5 de octubre de 1976 el Vuelo 511 del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU) viajó a Argentina para trasladar a Montevideo , de forma ilegal, a 22 uruguayos que habían sido secuestrados en Buenos Aires y torturados en el "pozo" de Automotores Orletti. Fueron entregados a oficiales del Ejército y hoy permanecen desaparecidos.

El C-47 de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), tripulado por el mayor Walter Pintos (piloto), el mayor José Pedro Malquín (copiloto) y el capitán Daniel Muñoz (tripulante), arribó a la plataforma de la Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento del Aeropuerto Internacional de Carrasco en la madrugada y era comandado por el mayor Walter Dopazzo.

Los 22 uruguayos eran militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) que, desde Argentina, resistían a la dictadura uruguaya. Fueron secuestrados en sus domicilios en setiembre y octubre por comandos de una coordinación represiva integrada por la Policía Federal, la banda de Aníbal Gordon y militares uruguayos. Los últimos estaban comandados por el mayor José Nino Gavazzo del Servicio de Información y Defensa (SID) y en la coordinación con Argentina operaron los oficiales Manuel Cordero, José Arab, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Luis Maurente y Ernesto Ramas; con los policías lo hicieron Ricardo Medina y José Sande, además de un grupo de soldados.

Los traslados
Los operativos contra uruguayos en Buenos Aires fueron parte del denominado "Plan Cóndor", estructurado por los aparatos represivos de las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Ecuador y Uruguay, donde la tarea estaba en manos del SID y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).

El SID dependía de la Junta de Comandantes en Jefe y el OCOA de la División de Ejército I y de su comandante en jefe. El Vuelo 511 en 1976 fue coordinado por el coronel (av.) José Uruguay Araújo Umpiérrez, entonces en el SID. Los secuestrados sobrevivieron un mes en el centro de torturas "300 Carlos" del OCOA, antes de ser ejecutados.

La dictadura uruguaya ya había realizado traslados de uruguayos en Argentina desde 1974. Aquel febrero trajeron al tupamaro Antonio Viana Acosta y en noviembre a sus compañeros Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor Brum, María de los Ángeles Corbo y Graciela Stefanell, cuyos cuerpos aparecieron, habiendo sido fusilados, en Soca en diciembre de ese año.

El traslado más numeroso se había producido el 24 de julio de 1976, cuando otro avión de la Fuerza Aérea trajo un "primer vuelo" de Orletti con otros 23 militantes del PVP, secuestrados entre junio y julio, a quienes "blanquearon" en una falsa detención en el balneario Shangrilá a fines de octubre y fueron procesados por la justicia militar.

Hoy se sabe que la mayoría de los uruguayos secuestrados en el exterior terminaron siendo "repatriados" si no fallecieron cuando su detención o durante la tortura. Hubo traslados en 1975, en los que los detenidos fueron y vinieron a Argentina y también los habría en 1978, cuando se trajo a militantes del GAU, el PCR y otros grupos.

La denuncia
La existencia del "segundo vuelo" de Orletti fue denunciada el 17 de marzo de 2002 en LA REPUBLICA, tras una investigación periodística iniciada en la revista "Posdata", de donde se obtuvieron los datos con los que el senador Rafael Michelini logró ubicar, en Argentina, a Simón, hijo de Sara Méndez, 26 años después de su desaparición.

Los datos habían sido proporcionados por un represor argentino, miembro de la banda de Aníbal Gordon, quien también informó que todos los uruguayos secuestrados en Buenos Aires y llevados a Automotores Orletti habían sido entregados a los militares uruguayos antes de que el centro clandestino de torturas cerrara en noviembre de 1976.

Con la credibilidad que le daba la aparición de Simón Riquelo, la fuente aportó nueva información, publicada en LA REPUBLICA el 9 de junio de 2002, con la que se denunció que el "segundo vuelo" se concretó el 5 de octubre de 1976, cuando un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya viajó al aeropuerto Jorge Newberry de Buenos Aires.

La ratificación del "informante" permitió concluir que el "segundo vuelo" era motivo del "pacto de silencio" de los militares uruguayos, quienes no querían admitir que las 22 personas traídas desaparecieron simultáneamente y no murieron "accidentalmente" en la tortura, sino que habían sido ejecutadas y enterradas en un cementerio clandestino.

La denuncia fue confirmada por una fuente militar uruguaya, presente el día del arribo del "segundo vuelo". Aportó datos del vuelo 511 y los nombres de sus tripulantes, coordinador y receptor, según publicó LA REPUBLICA el 2 de setiembre de 2002, en una nota donde se explicaba que los detenidos fueron sacados en camiones del Ejército.

El silencio
La denuncia de LA REPUBLICA, pese a su trascendencia, no tuvo repercusión en los grandes medios de comunicación y tampoco fue considerada por la gubernamental Comisión para la Paz que no incluyó el tema ­ni siquiera como hipótesis­ en el informe final sobre los detenidos desaparecidos elaborado durante el gobierno de Jorge Batlle.

El entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea, José Pedro Malaquín, hizo silencio ante las acusaciones acerca de que había sido uno de los pilotos del avión quien trajo al grupo de desaparecidos. Tampoco el comandante del Ejército, general Carlos Daners, quiso hacer comentarios sobre los secuestrados entregados a su fuerza.

Sin embargo, el 8 de agosto de 2005, el informe oficial de la Fuerza Aérea Uruguaya sobre los desaparecidos, en respuesta a una orden del Presidente Tabaré Vázquez, terminó por admitir que el "segundo vuelo" del 5 de octubre había existido, aunque aceptó la participación de la aviación sólo en el traslado.

El informe redactado por el comandante Enrique Bonelli sostenía que la operación había sido ordenada por el comando de la FAU, a pedido del SID, que coordinó el vuelo en el que los pilotos militares sólo se limitaron a permanecer en la cabina de vuelo, sin saber cuántos ni quiénes eran los detenidos transportados desde Argentina.

Bonelli, quien, posteriormente, reconoció haber sido piloto del "primer vuelo" de Orletti, se negaría a informar a la justicia sobre los nombres de sus fuentes en la investigación interna. Ni la entrega de los pasajeros del "segundo vuelo" ni su destino fueron incluidos en el informe sobre desaparecidos del Ejército que aún no ha reconocido su entrega.

La justicia
En 2007, dos años después del informe de la FAU, el caso del "segundo vuelo" de Orletti fue denunciado judicialmente, junto a una serie de causas contra los mandos militares, por un grupo de abogados defensores de los derechos humanos. El tema recayó en el juez de 19º turno, Luis Charles, y la fiscal de 2º turno, Mirtha Guianze.

El caso se incorporó a otra denuncia conexa: Secuestro y desaparición del uruguayo Adalberto Soba, uno de los secuestrados en Orletti y posible pasajero del "segundo vuelo", presentada en el juzgado por sus familiares. Ambos casos fueron excluidos de la Ley de Caducidad por el presidente Tabaré Vázquez.

La indagatoria judicial determinó la responsabilidad de seis militares (Gavazzo, Arab, Vázquez, Silveira, Ramas y Mauren) y dos policías (Medina y Sande) en la "privación de libertad" de Soba. Ese grupo de militares ­que ya estaba preso por un pedido de extradición de Argentina­ también fue procesado por el "segundo vuelo".

El "segundo vuelo" de Orletti mantiene una serie de causas conexas abiertas, entre las que se destacan la extradición del coronel Manuel Cordero, que había fugado a Brasil, y el caso de María Claudia García de Gelman, trasladada en el marco de ese operativo a Uruguay, donde, antes de desaparecer, tuvo a su hija , Macarena, actualmente recuperada.

También está pendiente el inicio de procesos contra el coronel (av.) Araújo Umpiérrez, quien estuvo preso por un pedido de extradición, no se otorgado, a Argentina y hoy se encuentra en libertad y el soldado Ernesto Soca (detenido para su extradición a Argentina), reconocido como uno de los subalternos que operó en Buenos Aires.

La impunidad

Aunque ocho militares y policías fueron condenados por el "segundo vuelo" de Orletti., el caso evidencia la impunidad que aún rige en Uruguay con la vigencia de la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado (Nº 15.848), cuya anulación depende de la reforma constitucional que se plebiscitará el próximo 25 de octubre.

Los militares y policías fueron procesados gracias a la interpretación del artículo 4º de la mencionada ley realizada por la actual administración de gobierno: Se entiende que no se incluyen los casos ocurridos en el exterior, como los que implicaron la desaparición de niños ni los que (como admite el artículo 3º de la norma) implicaron un provecho económico.

En la actualidad, permanece bajo el amparo de la impunidad la tortura, ejecución y enterramiento en Uruguay de los 22 compatriotas que fueron secuestrados en Buenos Aires, torturados en Orletti y trasladados ilegalmente a Uruguay, lo que determina que no se obtenga información sobre el paradero de sus restos óseos.

También permanece impune la "amnesia" de los aviadores Malaquín, Pintos y Muñoz, quienes no recuerdan nada acerca de los pasajeros del Vuelo 511, aunque la puerta del C-47 en que los trajeron se encuentra en el extremo trasero de la aeronave y alguien debió recorrer todo el pasillo para cerrarla al despegar y abrirla al aterrizar.

La impunidad aún cobija como institución al Ejército, cuya investigación sobre los desaparecidos no dio resultados positivos, mantiene escondidos los archivos y sus mandos hacen expresa su voluntad de no continuar indagando, aunque las víctimas estuvieron en su poder en el "300 Carlos" y fueron enterradas en una unidad militar.

CONFIRMACION
"De acuerdo a la información recabada se realizaron dos vuelos, probablemente el primero el 24 de julio y el segundo el 5 de octubre de 1976, partiendo desde el Aeropuerto Jorge Newbery en Plataforma de Aviación General de la ciudad de Buenos Aires en la República Argentina, con destino al Aeropuerto Internacional de Carrasco en Plataforma de la entonces Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento. Estas operaciones fueron ordenadas y coordinadaspor el Comando General de la Fuerza Aérea, a solicitud del Servicio de Información de Defensa (SID). El motivo de dicha solicitud, alegado por el SID, fue el de preservar la vida de las personas detenidas en Argentina, trasladándolas a nuestro país". "En función de dicha coordinación, se dispuso que las tripulaciones involucradas recibieran las órdenes del destino de la misión luego de haber decolado, a efectos de cumplir con el traslado de los detenidos, que terminó haciéndose desde el Aeropuerto Jorge Newbery hasta el Aeropuerto de Carrasco. Las tareas de embarque, desembarque y posterior traslado estaban a cargo del SID, desconociendo las tripulaciones la cantidad e identidad de los pasajeros." (Del informe oficial de la Fuerza Aérea). EL

INFORMANTE
"De Uruguay a los argentinos nos han cobrado todo y mucho ha salido a la luz. Pero que no nos adjudiquen esas desapariciones. A los que no murieron en Orletti nosotros los devolvimos. No sabíamos que los del primer viaje estaban vivos, así que cuando cerraba Orletti se planificó otro viaje grande en el que se incluyó a todos los que quedaban, incluso cinco argentinos. No participé en la entrega, pero creo que a esos últimos tienen que buscarlos en Uruguay". (Palabras del informante argentino, un represor de la banda de Aníbal Gordon que aportó los datos para encontrar a Simón Riquelo, cuando reveló el segundo vuelo). EL

PARADERO
Según el testimonio de un militar que estaba presente en el Aeropuerto Internacional de Carrasco el 5 de octubre de 1976, la noche del arribo del segundo vuelo, los pasajeros estaban encapuchados (salvo uno que estaba vendado con una bufanda) y fueron sacados de la Base Militar Aérea en camiones del Ejército con destino desconocido. Un suboficial del Ejército que cumplió funciones en el centro de torturas "300 Carlos" ubicado en un galpón del Servicio de Material y Armamento (SMA) adjunto al Batallón de Infantería Nº 13, confió a LA REPUBLICA que allí estuvieron las víctimas del segundo vuel, según se publicó el 27 de agosto de 2006. En el "300 Carlos" los conocían como "los del ómnibus", porque habían llegado a la unidad militar en el colectivo del SMA. Según la fuente, fueron llevados de a grupos en un coche blanco marca Pingo o Pony a los campos de Vidiella, frente al Batallón de Paracaidistas Nº 14 de Toledo, donde fueron ejecutados y enterrados. La existencia de una tumba denominada "el ómnibus" fue admitida por el Ejército cuando se realizaron excavaciones en ese predio en busca del cuerpo de María Claudia García de Gelman y se le dijo a su hija, Macarena, que los restos de su madre estaban en una pequeña área delimitada, con un 99% de certeza. La información resultó falsa. El equipo de antropólogos encabezado por José López Mazz inició días atrás trabajos en un área de los campos de Vidiella, luego de que LA REPUBLICA entregara a la Comisión de Seguimiento del Poder Ejecutivo los datos aportados por un informante militar sobre un eventual lugar de entierro. La indagación periodística no lo pudo confirmar. LA CONFESION Un comunicado de la Dirección Nacional de Relaciones Pública (DINARP) leído por el propio José Nino Gavazzo y publicado en la prensa el 30 de octubre de 1976, implicó una confesión de la captura de los 22 uruguayos secuestrados en Buenos Aires en setiembre y octubre de 1976, quienes fueron trasladados en el "segundo vuelo" de Orletti. La Dinarp daba cuenta entonces del falso operativo de detención de los sobrevivientes del "primer vuelo" de Orletti, a quienes se exhibió como un grupo guerrillero que había "invadido" el país. Fueron capturados en el chalet "Susy" del balneario Shangrilá cuando preparaban una serie de acciones subversivas. El comunicado narra el desmantelamiento del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) con la detención de tres militantes en marzo y 23 en junio y julio, los cuales fueron mostrados a la prensa nacional e internacional para denunciar que en Uruguay había subversión, días antes de que en Estados Unidos Jimmy Carter ganara las elecciones. El comunicado agregaba: "Posterior a esto, en el mes de setiembre se capturó a otros 22 miembros del PVP pertenecientes al aparato político y encargados, junto con los anteriores, de crear la infraestructura imprescindible para el accionar en el Uruguay del aparato militar proveniente de Buenos Aires". Los únicos detenidos en esa fecha fueron los pasajeros del "segundo vuelo", traídos desde Argentina. LAS VICTIMAS Entre el 23 de setiembre y el 4 de octubre de 1976, un grupo de 23 militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) fue secuestrado en Buenos Aires por represores uruguayos y argentinos, quienes los trasladaron al centro clandestino de reclusión "Automotores Orletti". Veintidós de ellos serían los pasajeros del "segundo vuelo". En esos operativos fueron capturados Juan Morales Von Pieverling y Josefina Klein Lledo (23/9), Mario Cruz Bonfiglio, Roger Julién, Victoria Grisonas, Adalberto Soba, Alberto Mechoso, Juan Pablo Errandonea y Raúl Tejera (26/9), María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni (27/9), Cecilia Trías y Washington Cram (28/9), Ruben Prieto (30/9), Casimira Carretero, Segundo Chejenian, Rafael Lezama, Graciela Martínez, Miguel Angel Moreno, Juan Pablo Recagno y Carlos Rodríguez Mercader (1/10), Bernardo Arnone (2/10) y Washington Queiro (4/10). Todos están desaparecidos. Roger Julién Cáceres falleció al ingerir una cápsula de cianuro al ser detenido junto a su esposa, Victoria Grisonas, y sus pequeños hijos: Anatole y Victoria. También existe la posibilidad de que en el Vuelo 511 viajaran otros uruguayos que habían sido detenidos anteriormente, algunos de los cuales pasaron por Orletti: Ary Cabrera (5/4), Daniel Goicoechea (6/6), Gerardo Gatti (9/6), Marcos Arocena y León Duarte (13/7), Julio Rodríguez (15/6) Luis Camacho (15/8) y Walner Bentancour (3/9).

Fuente: 5 DE OCTUBRE DE 2009 - COMCOSUR / MONTEVIDEO

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